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El COAC comparece en el Parlament para impulsar dos proyectos de ley
PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS VACÍAS
El objetivo de la Ley sobre el impuesto de las viviendas vacías es que las viviendas desocupadas injustificadamente, en ámbitos de acreditada necesidad de viviendas, se incorporen al mercado inmobiliario. A tal efecto, se regula un impuesto de aplicación a las viviendas vacías con propiedad de personas jurídicas. Se trata de un nuevo tributo, de naturaleza directa, que grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda por el hecho de permanecer habitualmente desocupada. Además, la nueva Ley crea un registro de viviendas vacías.
Su objetivo es reducir el stock de viviendas vacías y aumentar la disposición en alquiler social. Dado su carácter extrafiscal se prevé, además, la afectación de los ingresos a la financiación de las actuaciones protegidas en los planes de vivienda, con expresa prioridad de la destinación de los recursos al municipio donde se han obtenido los ingresos.
El Colegio de Arquitectos comparte el objetivo de la Ley y celebra la preocupación por ampliar la oferta de viviendas en alquiler asequible, aunque considera que la tabla del gravamen y las bonificaciones no es suficientemente valiente para alcanzar el objetivo, pues la vivienda es aquello que nos da la posibilidad de mantener una estructura de familia, de educación y cultura, posibilita las relaciones sociales y por ello nos hace dignos.
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Los objetivos y finalidad de este Proyecto de ley, ampliamente compartidos por el COAC, son el impulso de la actividad económica a través de la reducción o supresión de trámites, la agilización de la tramitación administrativa, y la consolidación de instrumentos de colaboración y coordinación entre las administraciones catalanas. No obstante, desde el Colegio se considera que el Proyecto de ley podría mejorar en cuanto a su contenido y claridad.
El Colegio solicita más participación de los colegios profesionales para el incremento y mejora de los mecanismos de colaboración y coordinación con las administraciones públicas en las competencias de regulación, intervención y control de la actividad económica. Además, solicita el incremento de las garantías legales de todas las partes implicadas de manera que no se incremente la inseguridad jurídica de los ciudadanos ni profesionales que intervienen en la puesta en marcha de las actividades.
Por otro lado, el Colegio considera que es necesaria una mayor coherencia con la legislación vigente y más claridad respecto al ámbito de aplicación y al impacto de la ley para evitar incoherencias y contradicciones, especialmente respecto a la normativa local y sectorial en materia de edificación y licencias.
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